Marina Menéndez Quintero
CARACAS.- Tal vez desde aquí, donde parte del gran empresariado y la derecha todavía quisieran poner freno a la revolución, pueda entenderse mejor -aún de lejos-, la amenaza que se cierne sobre el pueblo boliviano. Los de arriba no paran mientes si están en juego sus intereses. Y son los mismos siempre.
Comienza a parecerse lo que hacen los blancos racistas propugnadores de la nación camba en Bolivia a la actuación aquí de los grandes empresarios de FEDECÁMARAS en abril de 2002 y, luego, a la estrategia puesta en práctica por la vieja y corrupta gerencia de PDVSA, apenas ocho meses después.
¿Qué cosa, si no un amago de golpe, es esa advertencia que los prefectos y llamados «cívicos» bolivianos han enviado al país cuando llaman a recrudecer el paro en todo el oriente y el sur de Bolivia, al tiempo que advierten no responsabilizarse de «cualquier acción» que impida el suministro de hidrocarburos al exterior?: sería como matar de hambre y de sed al Estado.
Manifestación en Plaza Murillo en lucha por la igualdad de los bolivianos. Foto: ABI
El golpe que derecha y empresarios protagonizaron hace seis años aquí y, luego, el paro petrolero que disparó al corazón de Venezuela, se parece bastante a esa amenaza de prefectos y «cívicos» cuyas hordas golpean con garrotes y disparan a la indefensa masa de indígenas defensores de la refundación. La golpiza, hace unos días, a un joven discapacitado pateado luego en el suelo, y la muerte de un bebé alcanzado en los brazos de su madre colla por un disparo de los vándalos, pueden ser dos de los capítulos más enervantes y tristes.
La justificación para desestabilizar sigue siendo la de hace un año: la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que por decreto del Gobierno les redujo las ganancias porque utiliza el gravamen para pagar la renta a la vejez. Ahora se suma la negativa al referendo donde la población debe pronunciarse, de una buena vez, acerca de la nueva Constitución de Bolivia, cuyo texto espera el visto bueno del pueblo desde hace unos ocho meses.
La razón en nada asiste a quienes, insubordinados, han comenzado la toma de las instituciones más importantes en los departamentos de la Media Luna, al ver que ya no pueden seguir entrampando el futuro del país.
El decreto gubernamental que ordena hacer la consulta ha sido una necesidad impuesta, precisamente, por la intolerancia de esa autoridades voluntariosas y racistas -las de la Media Luna que forman Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, sumada ahora Chuquisaca- negadas hace mucho tiempo al diálogo.
Tanto como eso, la convocatoria al referendo cumple con la voluntad del 67 por ciento de electores bolivianos que votó por la continuación del proceso de cambios en Bolivia.
Si prefectos separatistas y «cívicos» son tan democráticos como dicen, deberían aceptar que aquellos constituyen la inmensa mayoría.
Pero también en Bolivia median en el entramado las sospechosas reuniones sostenidas los últimos días por el embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costa, y luego con la de Chuquisaca, Savina Cuéllar.
La acción desestabilizadora de la oligarquía boliviana constituye una amenaza que debiera concitar el pronunciamiento solidario del mundo en apoyo a Evo. Debe dejársele gobernar. Él solo pretende refundar al país en paz, y con la democracia que valida el ser portador de la voluntad del pueblo.
CARACAS.- Tal vez desde aquí, donde parte del gran empresariado y la derecha todavía quisieran poner freno a la revolución, pueda entenderse mejor -aún de lejos-, la amenaza que se cierne sobre el pueblo boliviano. Los de arriba no paran mientes si están en juego sus intereses. Y son los mismos siempre.
Comienza a parecerse lo que hacen los blancos racistas propugnadores de la nación camba en Bolivia a la actuación aquí de los grandes empresarios de FEDECÁMARAS en abril de 2002 y, luego, a la estrategia puesta en práctica por la vieja y corrupta gerencia de PDVSA, apenas ocho meses después.
¿Qué cosa, si no un amago de golpe, es esa advertencia que los prefectos y llamados «cívicos» bolivianos han enviado al país cuando llaman a recrudecer el paro en todo el oriente y el sur de Bolivia, al tiempo que advierten no responsabilizarse de «cualquier acción» que impida el suministro de hidrocarburos al exterior?: sería como matar de hambre y de sed al Estado.
Manifestación en Plaza Murillo en lucha por la igualdad de los bolivianos. Foto: ABI
El golpe que derecha y empresarios protagonizaron hace seis años aquí y, luego, el paro petrolero que disparó al corazón de Venezuela, se parece bastante a esa amenaza de prefectos y «cívicos» cuyas hordas golpean con garrotes y disparan a la indefensa masa de indígenas defensores de la refundación. La golpiza, hace unos días, a un joven discapacitado pateado luego en el suelo, y la muerte de un bebé alcanzado en los brazos de su madre colla por un disparo de los vándalos, pueden ser dos de los capítulos más enervantes y tristes.
La justificación para desestabilizar sigue siendo la de hace un año: la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que por decreto del Gobierno les redujo las ganancias porque utiliza el gravamen para pagar la renta a la vejez. Ahora se suma la negativa al referendo donde la población debe pronunciarse, de una buena vez, acerca de la nueva Constitución de Bolivia, cuyo texto espera el visto bueno del pueblo desde hace unos ocho meses.
La razón en nada asiste a quienes, insubordinados, han comenzado la toma de las instituciones más importantes en los departamentos de la Media Luna, al ver que ya no pueden seguir entrampando el futuro del país.
El decreto gubernamental que ordena hacer la consulta ha sido una necesidad impuesta, precisamente, por la intolerancia de esa autoridades voluntariosas y racistas -las de la Media Luna que forman Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, sumada ahora Chuquisaca- negadas hace mucho tiempo al diálogo.
Tanto como eso, la convocatoria al referendo cumple con la voluntad del 67 por ciento de electores bolivianos que votó por la continuación del proceso de cambios en Bolivia.
Si prefectos separatistas y «cívicos» son tan democráticos como dicen, deberían aceptar que aquellos constituyen la inmensa mayoría.
Pero también en Bolivia median en el entramado las sospechosas reuniones sostenidas los últimos días por el embajador estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costa, y luego con la de Chuquisaca, Savina Cuéllar.
La acción desestabilizadora de la oligarquía boliviana constituye una amenaza que debiera concitar el pronunciamiento solidario del mundo en apoyo a Evo. Debe dejársele gobernar. Él solo pretende refundar al país en paz, y con la democracia que valida el ser portador de la voluntad del pueblo.
