Centro de Medios Independientes
La lucha del pueblo yukpa, uno de los pueblos originarios de Perijá, es un levantamiento en contra de una historia de despojo, saqueo, racismo, genocidio, y miseria. En esta historia están marcadas las manos ensangrentadas de los conquistadores de ayer y de hoy, los ladrones de cuello blanco, los ganaderos, las transnacionales petroleras y del carbón, las fuerzas armadas y los sicarios.
Despojados de sus tierras, los yukpas y los barí debieron abandonar las tierras llanas y refugiarse en las montañas para evitar el exterminio total a manos de los ladrones capitalistas.
Pese a que la Constitución de 1999 garantiza a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, en la práctica este derecho no sólo no ha sido garantizado por el Estado, sino que el gobierno se ha embarcado en un proyecto de capitalismo desarrollista que contempla el aumento exponencial de la explotación carbonífera en territorios ancestrales de las comunidades wayúu, barí y yukpa, en Perijá. Pese a las declaraciones contradictorias del alto gobierno, algunas de las cuales aseguran que no se abrirán nuevas minas en la región, Corpozulia mantiene una política agresiva en pos de garantizar las condiciones necesarias para la apertura de nuevas minas a cielo abierto en territorios indígenas. Los territorios actualmente ocupados por las comunidades Yukpa, y en los cuales se desarrolla el conflicto con los ganaderos invasores, se encuentran dentro de las coordenadas en las que se ha proyectado desarrollar la explotación carbonífera.
El incumplimiento del mandato de demarcar las tierras indígenas y entregarlas a sus únicos y legítimos dueños, ha llevado a las comunidades yukpa a ejercer la acción directa y ocupar sus tierras. Al mismo tiempo, el silencio cómplice del gobierno ha sentado el marco para las acciones armadas de los sicarios y paramilitares a sueldo de los ganaderos, quienes han recurrido al viejo método del desalojo armado para preservar sus bastardos intereses económicos. Desde el año 2005 se ha agudizado el conflicto, pues las comunidades yukpa mantienen en pie la defensa de su territorio, y han logrado resistir todos los embates de los latifundistas. Los hacendados han intentado asesinar en numerosas ocasiones al cacique Sabino Romero, y han amenazado de muerte a activistas que han sido solidarios con la lucha por la tierra. En julio fue asesinado el padre de Sabino Romero a manos de estos sicarios.
Con la agudización del conflicto, la respuesta del gobierno fue apoyar a los terratenientes. La ministra Nicia Maldonado declaró que el problema era que había dos caciques yukpa que eran enemigos del proceso revolucionario, haciendo referencia a Sabino Romero, Olegario Romero, y las comunidades en lucha. No conforme con estas temerarias declaraciones, Nicia Maldonado ha intentado suplantar la legítima representación que estos caciques ejercen por personas afectas a su nefasto ministerio. En una reunión realizada con las comunidades yukpa el 16 de agosto, la ministra Maldonado les recomendó retornar a las montañas, donde podrían "promocionar el turismo", pues las tierras que ocupaban eran propiedad privada. Nicia Maldonado, en la práctica ni es ministra del poder popular, ni mucho menos de los pueblos indígenas, sino de los ladrones ganaderos, cuya propiedad privada defiende. En realidad no existen títulos de propiedad sobre estas tierras, que han sido ocupadas por los latifundistas a través de sucesivas invasiones y desplazamientos forzados.
A partir del mes de agosto de 2008, la ofensiva contra los indígenas se agudiza con el establecimiento en la zona de un cerco militar a cargo del General Izquierdo Torres, quien restringe de hecho las garantías constitucionales, obstaculizando el libre tránsito y el derecho a la información. Este militar, fiel las tradiciones racistas y fascistas, se dio a la tarea de impedir el paso a las comunidades yukpa y agredir a los periodistas de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libre y Alternativos (Anmcla) y del Centro de Medios Independientes que cubrían el conflicto. La solidaridad militante del movimiento revolucionario fue decisiva para romper desde el punto de vista informativo este cerco. La convocatoria a una jornada cultural en la zona el 22 de agosto, y la posterior represión militar ejercida en contra de quienes se movilizaron, finalmente forzó una declaración del presidente Chávez, quien sentenció "al César lo que es del César y a los indígenas lo que es de los indígenas", aclarando que conocía de la historia de despojo al territorio yukpa. A esta declaración ha seguido la afirmación por parte de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, de que la ley está del lado de los indígenas.
También se ha pronunciado el Ministro de Interior y Justicia, luego de trasladarse a la zona. Las declaraciones del ministro Rodríguez Chacín van en la misma línea de Izquierdo Torres, según la reseña de la Agencia Bolivariana de Noticias: "(Rodríguez Chacín) explicó que son dos los caciques -Olegario y Sabino- los que han tenido los problemas, que ellos lideran a 300 yukpas y que ellos son quienes están haciendo los movimientos hacia las tierras planas. "Se trata no de todos los 7 mil yukpas, sino de 200 ó 300, que están siendo atendidos como si fueran 2 mil o tres mil"." Estas declaraciones por parte del máximo responsable de la seguridad de Estado demuestran que el gobierno sigue sin asumir su responsabilidad frente al conflicto, y continúa dando muestras de sus terribles contradicciones. (http://www.aporrea. org/actualidad/ n119565.html)
Exigimos que las palabras del presidente Chávez se conviertan en hechos. Los militares que tendieron un cerco en torno a las comunidades Yukpa alegaron ante varios representantes de medios de comunicación que actuaban por órdenes del Ministerio del Interior y Justicia y del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Si esto no es cierto, debe haber sanciones ejemplares para el general Izquierdo Torres y sus secuaces. Si es cierto, los ministros son los que deben ser destituidos, al igual que la ministra Nicia Maldonado. Los criminales deben ser los castigados, no las víctimas. Los comunicadores populares agredidos el 22 de agosto han sido sometidos a acusaciones judiciales y a un régimen de presentación, mientras que los ganaderos y sus sicarios son señores en las tierras que han robado.
¡Cárcel a los sicarios! ¡Fuera los latifundistas! ¡Autodemarcación de las tierras yukpa! ¡Justicia para los pueblos indígenas!
La lucha del pueblo yukpa, uno de los pueblos originarios de Perijá, es un levantamiento en contra de una historia de despojo, saqueo, racismo, genocidio, y miseria. En esta historia están marcadas las manos ensangrentadas de los conquistadores de ayer y de hoy, los ladrones de cuello blanco, los ganaderos, las transnacionales petroleras y del carbón, las fuerzas armadas y los sicarios.
Despojados de sus tierras, los yukpas y los barí debieron abandonar las tierras llanas y refugiarse en las montañas para evitar el exterminio total a manos de los ladrones capitalistas.
Pese a que la Constitución de 1999 garantiza a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, en la práctica este derecho no sólo no ha sido garantizado por el Estado, sino que el gobierno se ha embarcado en un proyecto de capitalismo desarrollista que contempla el aumento exponencial de la explotación carbonífera en territorios ancestrales de las comunidades wayúu, barí y yukpa, en Perijá. Pese a las declaraciones contradictorias del alto gobierno, algunas de las cuales aseguran que no se abrirán nuevas minas en la región, Corpozulia mantiene una política agresiva en pos de garantizar las condiciones necesarias para la apertura de nuevas minas a cielo abierto en territorios indígenas. Los territorios actualmente ocupados por las comunidades Yukpa, y en los cuales se desarrolla el conflicto con los ganaderos invasores, se encuentran dentro de las coordenadas en las que se ha proyectado desarrollar la explotación carbonífera.
El incumplimiento del mandato de demarcar las tierras indígenas y entregarlas a sus únicos y legítimos dueños, ha llevado a las comunidades yukpa a ejercer la acción directa y ocupar sus tierras. Al mismo tiempo, el silencio cómplice del gobierno ha sentado el marco para las acciones armadas de los sicarios y paramilitares a sueldo de los ganaderos, quienes han recurrido al viejo método del desalojo armado para preservar sus bastardos intereses económicos. Desde el año 2005 se ha agudizado el conflicto, pues las comunidades yukpa mantienen en pie la defensa de su territorio, y han logrado resistir todos los embates de los latifundistas. Los hacendados han intentado asesinar en numerosas ocasiones al cacique Sabino Romero, y han amenazado de muerte a activistas que han sido solidarios con la lucha por la tierra. En julio fue asesinado el padre de Sabino Romero a manos de estos sicarios.
Con la agudización del conflicto, la respuesta del gobierno fue apoyar a los terratenientes. La ministra Nicia Maldonado declaró que el problema era que había dos caciques yukpa que eran enemigos del proceso revolucionario, haciendo referencia a Sabino Romero, Olegario Romero, y las comunidades en lucha. No conforme con estas temerarias declaraciones, Nicia Maldonado ha intentado suplantar la legítima representación que estos caciques ejercen por personas afectas a su nefasto ministerio. En una reunión realizada con las comunidades yukpa el 16 de agosto, la ministra Maldonado les recomendó retornar a las montañas, donde podrían "promocionar el turismo", pues las tierras que ocupaban eran propiedad privada. Nicia Maldonado, en la práctica ni es ministra del poder popular, ni mucho menos de los pueblos indígenas, sino de los ladrones ganaderos, cuya propiedad privada defiende. En realidad no existen títulos de propiedad sobre estas tierras, que han sido ocupadas por los latifundistas a través de sucesivas invasiones y desplazamientos forzados.
A partir del mes de agosto de 2008, la ofensiva contra los indígenas se agudiza con el establecimiento en la zona de un cerco militar a cargo del General Izquierdo Torres, quien restringe de hecho las garantías constitucionales, obstaculizando el libre tránsito y el derecho a la información. Este militar, fiel las tradiciones racistas y fascistas, se dio a la tarea de impedir el paso a las comunidades yukpa y agredir a los periodistas de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libre y Alternativos (Anmcla) y del Centro de Medios Independientes que cubrían el conflicto. La solidaridad militante del movimiento revolucionario fue decisiva para romper desde el punto de vista informativo este cerco. La convocatoria a una jornada cultural en la zona el 22 de agosto, y la posterior represión militar ejercida en contra de quienes se movilizaron, finalmente forzó una declaración del presidente Chávez, quien sentenció "al César lo que es del César y a los indígenas lo que es de los indígenas", aclarando que conocía de la historia de despojo al territorio yukpa. A esta declaración ha seguido la afirmación por parte de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, de que la ley está del lado de los indígenas.
También se ha pronunciado el Ministro de Interior y Justicia, luego de trasladarse a la zona. Las declaraciones del ministro Rodríguez Chacín van en la misma línea de Izquierdo Torres, según la reseña de la Agencia Bolivariana de Noticias: "(Rodríguez Chacín) explicó que son dos los caciques -Olegario y Sabino- los que han tenido los problemas, que ellos lideran a 300 yukpas y que ellos son quienes están haciendo los movimientos hacia las tierras planas. "Se trata no de todos los 7 mil yukpas, sino de 200 ó 300, que están siendo atendidos como si fueran 2 mil o tres mil"." Estas declaraciones por parte del máximo responsable de la seguridad de Estado demuestran que el gobierno sigue sin asumir su responsabilidad frente al conflicto, y continúa dando muestras de sus terribles contradicciones. (http://www.aporrea. org/actualidad/ n119565.html)
Exigimos que las palabras del presidente Chávez se conviertan en hechos. Los militares que tendieron un cerco en torno a las comunidades Yukpa alegaron ante varios representantes de medios de comunicación que actuaban por órdenes del Ministerio del Interior y Justicia y del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Si esto no es cierto, debe haber sanciones ejemplares para el general Izquierdo Torres y sus secuaces. Si es cierto, los ministros son los que deben ser destituidos, al igual que la ministra Nicia Maldonado. Los criminales deben ser los castigados, no las víctimas. Los comunicadores populares agredidos el 22 de agosto han sido sometidos a acusaciones judiciales y a un régimen de presentación, mientras que los ganaderos y sus sicarios son señores en las tierras que han robado.
¡Cárcel a los sicarios! ¡Fuera los latifundistas! ¡Autodemarcación de las tierras yukpa! ¡Justicia para los pueblos indígenas!
