Marcelo Jelen (La Diaria)
Sí, es cierto. El presidente Tabaré Vázquez nunca ocultó su desacuerdo con la despenalización del aborto. Pero evitó informar antes de las elecciones sobre su intención de vetar una ley que la consagrara. Un mes y medio después de asumir, el 14 de abril de 2005, anunció su plan tras almorzar con monseñor Nicolás Cotugno.
Sí, es cierto que la ministra de Salud, María Julia Muñoz, siempre alardeó de su veneración hacia el presidente Vázquez.
Sin embargo, hace dos años opinaba que el problema del aborto debía resolverse a través de una consulta popular. “Todo el país debe expresarse, no a través de los representantes, sino en forma directa, por parte de todos los ciudadanos”, dijo entonces. La única posibilidad de lograrlo era promulgando la ley. Y ella, al final, firmó el veto.
Sí, es cierto: la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de conciencia. Corresponde a cada mujer, llegado el caso, tomar la decisión. La despenalización del aborto no lo es: se trata de un asunto político. ¿Qué puede serlo más que la usurpación del cuerpo femenino por parte de médicos que lucran, policías que arrestan, fiscales que acusan, jueces que condenan y legisladores y ministros que se lavan las manos? Así lo entiende el Partido Socialista, que rechaza la ley vigente al menos desde su aprobación, en los años 30. ¿Ese partido tomará alguna medida disciplinaria contra su afiliado Tabaré Vázquez? ¿O apenas emitirá una declaración para rezongarlo?
No, no es cierto que los ministros deban limitarse a decir amén a lo que predica el presidente de la República. La Sección IX de la Constitución describe un gabinete que funciona como un directorio colegiado. Cualquier miembro del Consejo de Ministros puede, incluso, convocarlo para solicitar que se revoque una decisión presidencial por mayoría simple de votos de los presentes, según los artículos 161 y 165.
No es cierto, por lo tanto, que la decisión final correspondía a un solitario jefe de gobierno. Esa percepción se debe más al estilo de liderazgo de Vázquez y sus antecesores que a una realidad institucional. El reglamento interno del Consejo, vigente desde 1967, les da a los ministros 24 horas de plazo tras recibir el texto de una resolución del Poder Ejecutivo para convocar el cuerpo y proponer su rechazo. Marina Arismendi, José Bayardi y Daisy Tourné, por mencionar sólo a tres, no lo citaron porque no quisieron o, lo que sería igual de grave, porque ignoraban esa posibilidad.
No, no es cierto que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva fuera una cuestión de principios para los ministros que decían apoyarla. Porque esos principios cesaron ante la presencia soberana del caudillo. Porque debieron haber apelado a todos los recursos que estuvieran a su alcance para sostenerlos y no lo hicieron. Porque todavía siguen al frente de sus carteras. Y porque algunos de ellos, además, adhieren a la reelección del presidente Vázquez, reelección que prolongaría cinco años más una aberración legal.
No, no es cierto que el oficialismo pagará un costo político bajísimo por hacer la del avestruz con sus pequeños engaños, sus omisiones y sus desinteligencias en materia de salud sexual y reproductiva. En octubre próximo, muchos votantes contrarrestarán esta claudicación monstruosa poniendo en el otro plato de la balanza la reforma fiscal, la del mutualismo, los consejos de salarios, la asistencia económica a los pobres y otros avances de este período. Tal vez disculpen a la gran mayoría de los legisladores del Frente Amplio porque los avasalló el líder supremo. O quizás les aterre la eventualidad de una alternativa peor.
Pero no deben de ser pocos aquellos para quienes el derecho de las mujeres a decidir y a que se garanticen su vida, su salud, su bienestar y su dignidad es algo básico, crucial. ¿Acaso el Frente Amplio se comió el verso conservador de que la despenalización es un berretín de una minoría pequeñoburguesa? ¿Está tan seguro del triunfo, a pesar de las encuestas y de las agrias disputas internas? ¿Puede contar con la fidelidad de sus votantes si ellos no pueden confiar en él? El oficialismo olvida que la misma renovación biológica del electorado que lo llevó al poder podría aniquilarlo.
Con los años, muchas uruguayas, una o dos por hora, sufrirán la clandestinidad, el riesgo de muerte, de lesiones y de esterilidad y el maltrato, como consecuencia del capricho de un hombre y de la inconsistencia de su partido. Decenas, tal vez cientos de miles de mujeres responsabilizarán de ese sufrimiento a Vázquez y al Frente Amplio, y también lo harán quienes se solidaricen con ellas. Es probable que eso sea lo que quede impreso en los libros de historia y en la memoria de la ciudadanía: un gobierno que tomó algunas medidas progresistas mientras que dejaba incólume una ley perversa, sobreviviente desde la dictadura de Gabriel Terra.
Sí, es cierto. El presidente Tabaré Vázquez nunca ocultó su desacuerdo con la despenalización del aborto. Pero evitó informar antes de las elecciones sobre su intención de vetar una ley que la consagrara. Un mes y medio después de asumir, el 14 de abril de 2005, anunció su plan tras almorzar con monseñor Nicolás Cotugno.
Sí, es cierto que la ministra de Salud, María Julia Muñoz, siempre alardeó de su veneración hacia el presidente Vázquez.
Sin embargo, hace dos años opinaba que el problema del aborto debía resolverse a través de una consulta popular. “Todo el país debe expresarse, no a través de los representantes, sino en forma directa, por parte de todos los ciudadanos”, dijo entonces. La única posibilidad de lograrlo era promulgando la ley. Y ella, al final, firmó el veto.
Sí, es cierto: la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de conciencia. Corresponde a cada mujer, llegado el caso, tomar la decisión. La despenalización del aborto no lo es: se trata de un asunto político. ¿Qué puede serlo más que la usurpación del cuerpo femenino por parte de médicos que lucran, policías que arrestan, fiscales que acusan, jueces que condenan y legisladores y ministros que se lavan las manos? Así lo entiende el Partido Socialista, que rechaza la ley vigente al menos desde su aprobación, en los años 30. ¿Ese partido tomará alguna medida disciplinaria contra su afiliado Tabaré Vázquez? ¿O apenas emitirá una declaración para rezongarlo?
No, no es cierto que los ministros deban limitarse a decir amén a lo que predica el presidente de la República. La Sección IX de la Constitución describe un gabinete que funciona como un directorio colegiado. Cualquier miembro del Consejo de Ministros puede, incluso, convocarlo para solicitar que se revoque una decisión presidencial por mayoría simple de votos de los presentes, según los artículos 161 y 165.
No es cierto, por lo tanto, que la decisión final correspondía a un solitario jefe de gobierno. Esa percepción se debe más al estilo de liderazgo de Vázquez y sus antecesores que a una realidad institucional. El reglamento interno del Consejo, vigente desde 1967, les da a los ministros 24 horas de plazo tras recibir el texto de una resolución del Poder Ejecutivo para convocar el cuerpo y proponer su rechazo. Marina Arismendi, José Bayardi y Daisy Tourné, por mencionar sólo a tres, no lo citaron porque no quisieron o, lo que sería igual de grave, porque ignoraban esa posibilidad.
No, no es cierto que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva fuera una cuestión de principios para los ministros que decían apoyarla. Porque esos principios cesaron ante la presencia soberana del caudillo. Porque debieron haber apelado a todos los recursos que estuvieran a su alcance para sostenerlos y no lo hicieron. Porque todavía siguen al frente de sus carteras. Y porque algunos de ellos, además, adhieren a la reelección del presidente Vázquez, reelección que prolongaría cinco años más una aberración legal.
No, no es cierto que el oficialismo pagará un costo político bajísimo por hacer la del avestruz con sus pequeños engaños, sus omisiones y sus desinteligencias en materia de salud sexual y reproductiva. En octubre próximo, muchos votantes contrarrestarán esta claudicación monstruosa poniendo en el otro plato de la balanza la reforma fiscal, la del mutualismo, los consejos de salarios, la asistencia económica a los pobres y otros avances de este período. Tal vez disculpen a la gran mayoría de los legisladores del Frente Amplio porque los avasalló el líder supremo. O quizás les aterre la eventualidad de una alternativa peor.
Pero no deben de ser pocos aquellos para quienes el derecho de las mujeres a decidir y a que se garanticen su vida, su salud, su bienestar y su dignidad es algo básico, crucial. ¿Acaso el Frente Amplio se comió el verso conservador de que la despenalización es un berretín de una minoría pequeñoburguesa? ¿Está tan seguro del triunfo, a pesar de las encuestas y de las agrias disputas internas? ¿Puede contar con la fidelidad de sus votantes si ellos no pueden confiar en él? El oficialismo olvida que la misma renovación biológica del electorado que lo llevó al poder podría aniquilarlo.
Con los años, muchas uruguayas, una o dos por hora, sufrirán la clandestinidad, el riesgo de muerte, de lesiones y de esterilidad y el maltrato, como consecuencia del capricho de un hombre y de la inconsistencia de su partido. Decenas, tal vez cientos de miles de mujeres responsabilizarán de ese sufrimiento a Vázquez y al Frente Amplio, y también lo harán quienes se solidaricen con ellas. Es probable que eso sea lo que quede impreso en los libros de historia y en la memoria de la ciudadanía: un gobierno que tomó algunas medidas progresistas mientras que dejaba incólume una ley perversa, sobreviviente desde la dictadura de Gabriel Terra.
