Jorge Gómez Barata
En América Latina donde las repúblicas presidencialistas se constituyeron a la imagen y semejanza de los Estados Unidos, ningún asunto político ha sido tan conflictivo como la reelección que, dicho sea de paso, siempre ha sido una pugna al interior de la oligarquía.
La primera república democrática de la era moderna, edificada con arreglo a Derecho, regida por una Constitución y gobernada por autoridades electas fue establecida en los Estados Unidos para cuyos fundadores la reelección no constituyó un motivo de preocupación, cosa que sí ocurrió con las atribuciones presidenciales, la vigencia real de los poderes legislativo y judicial y con la organización política del país que allí asumió carácter federal.
En América Latina la reelección se constituyó en problema, dado el carácter unitario de las republicas la centralización del gobierno y la nulidad de los poderes legislativo y judicial, casi siempre dependientes de las elites dominantes o meramente ceremoniales.
A tales circunstancias, se suman la connivencia con los militares, la aquiescencia del clero, el respaldo de los latifundistas y la sombra protectora del capital extranjero que, en conjunto habilitaba a los presidentes latinoamericanos con poderes prácticamente omnímodos.
Ocurrió así porque las oligarquías criollas asumieron as repúblicas como botín y para cubrir las apariencias, calcaron el organigrama gubernamental de Estados Unidos, aunque no lograron ni quisieron reproducir las estructuras ni las prácticas políticas de las primeras Trece Colonias, entidades independientes que por consenso, mediante varios congresos continentales, fundaron los Estados Unidos.
Desde su fundación, en los Estados Unidos el poder del presidente no estaba limitado por el tiempo en el cargo, sino por el equilibrio funcional de las instituciones del Estado. Durante 160 años, hasta la adopción de la XXII Enmienda en 1951 la reelección de todos los cargos políticos, incluyendo el presidente era ilimitada.
Al respecto la Constitución norteamericana original estableció que: “El poder ejecutivo residirá en el Presidente…Este desempeñará sus funciones por un término de cuatro años y se le elegirá, junto con el vicepresidente, quien también desempeñará su cargo por un término similar…”Ese texto fue enmendado en 26 ocasiones, nueve de ellas en asuntos relacionados con las elecciones, el voto y la sucesión (XII, XV, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI). La Enmienda XXII, adoptada en 1951 limitó la reelección a dos periodos sucesivos.
Las doctrinas jurídicas vigentes en los Estados Unidos, heredadas de Inglaterra, conceden especial importancia a los precedentes, convertidos en normas de Derecho consuetudinario y que rigió el tema de la reelección entre 1797, momento en que Washington rechazó la oferta de un tercer período y 1943, año en que Franklin D. Roosevelt fue electo para un tercer mandato, cosa que repitió en 1944 cuando los electores le concedieron un cuarto período en la Casa Blanca.
El fondo del debate latinoamericano no es la duración del período presidencial ni la vigencia de la reelección, sino las gravísimas deformaciones estructurales, expresadas sobre todo en el monopolio oligárquico sobre los espacios políticos, el predominio de las entidades castrenses y la ausencia de instituciones civiles relevantes y de mecanismos para el control social del poder, que impiden el ejercicio pleno de la democracia.
El pecado original de las repúblicas latinoamericanas y las deformaciones que impidieron e impiden todavía el ejercicio de la democracia, incluso en su versión liberal, fueron descritos por José Martí: “…Una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño…Una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España…”
En América Latina donde desde hace doscientos años existen republicas mas no democracias, el asunto de la reelección fue siempre un debate al interior de las oligarquías que al proscribirla trataba de evitar que algún caudillo, familia acaudalada o jefe militar, se eternizara en el poder en detrimento de otras facciones.
En los países europeos donde rigen los sistemas llamados parlamentarios y no existen presidentes o sus atribuciones están reguladas por las leyes y equilibradas por la vigencia real del resto de los poderes del Estado, el problema de la reelección no se plantea y los líderes de los partidos permanecen en el poder mientras sus organizaciones son votadas mayoritariamente. En las naciones del Caribe donde no hay presidentes, el problema de la reelección nunca ha existido.
Aunque en Latinoamérica, a lo largo de casi doscientos años el problema de la reelección ha sido conflictivo, el debate ocurrió siempre entre sectores de la oligarquía. Ahora, en la Venezuela bolivariana, por primera vez, el tema se airea y, promovido por el líder venezolano Hugo Chávez, la reelección se plantea como un complemento de la revolución en democracia y como un instrumento de las luchas populares contra la oligarquía.
En realidad los problemas de la democracia casi nunca son genéticos sino funcionales. El fondo del asunto no radica en quién gobierne ni cuántos años lo haga, sino en que, la vigencia de las instituciones, el respeto por las leyes y la calidad del liderazgo aseguren procesos realmente democráticos.
Chávez ha planteado el asunto dentro de las leyes, con respeto por la voluntad popular y concediendo todas las oportunidades a la oposición, que puede tratar de derrotarlo tres veces: una cuando la Asamblea debata el texto de la enmienda propuesta, dos cuando se someta a referéndum y tres en las elecciones presidenciales propiamente dicho. Oportunidades no faltan.
En América Latina donde las repúblicas presidencialistas se constituyeron a la imagen y semejanza de los Estados Unidos, ningún asunto político ha sido tan conflictivo como la reelección que, dicho sea de paso, siempre ha sido una pugna al interior de la oligarquía.
La primera república democrática de la era moderna, edificada con arreglo a Derecho, regida por una Constitución y gobernada por autoridades electas fue establecida en los Estados Unidos para cuyos fundadores la reelección no constituyó un motivo de preocupación, cosa que sí ocurrió con las atribuciones presidenciales, la vigencia real de los poderes legislativo y judicial y con la organización política del país que allí asumió carácter federal.
En América Latina la reelección se constituyó en problema, dado el carácter unitario de las republicas la centralización del gobierno y la nulidad de los poderes legislativo y judicial, casi siempre dependientes de las elites dominantes o meramente ceremoniales.
A tales circunstancias, se suman la connivencia con los militares, la aquiescencia del clero, el respaldo de los latifundistas y la sombra protectora del capital extranjero que, en conjunto habilitaba a los presidentes latinoamericanos con poderes prácticamente omnímodos.
Ocurrió así porque las oligarquías criollas asumieron as repúblicas como botín y para cubrir las apariencias, calcaron el organigrama gubernamental de Estados Unidos, aunque no lograron ni quisieron reproducir las estructuras ni las prácticas políticas de las primeras Trece Colonias, entidades independientes que por consenso, mediante varios congresos continentales, fundaron los Estados Unidos.
Desde su fundación, en los Estados Unidos el poder del presidente no estaba limitado por el tiempo en el cargo, sino por el equilibrio funcional de las instituciones del Estado. Durante 160 años, hasta la adopción de la XXII Enmienda en 1951 la reelección de todos los cargos políticos, incluyendo el presidente era ilimitada.
Al respecto la Constitución norteamericana original estableció que: “El poder ejecutivo residirá en el Presidente…Este desempeñará sus funciones por un término de cuatro años y se le elegirá, junto con el vicepresidente, quien también desempeñará su cargo por un término similar…”Ese texto fue enmendado en 26 ocasiones, nueve de ellas en asuntos relacionados con las elecciones, el voto y la sucesión (XII, XV, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI). La Enmienda XXII, adoptada en 1951 limitó la reelección a dos periodos sucesivos.
Las doctrinas jurídicas vigentes en los Estados Unidos, heredadas de Inglaterra, conceden especial importancia a los precedentes, convertidos en normas de Derecho consuetudinario y que rigió el tema de la reelección entre 1797, momento en que Washington rechazó la oferta de un tercer período y 1943, año en que Franklin D. Roosevelt fue electo para un tercer mandato, cosa que repitió en 1944 cuando los electores le concedieron un cuarto período en la Casa Blanca.
El fondo del debate latinoamericano no es la duración del período presidencial ni la vigencia de la reelección, sino las gravísimas deformaciones estructurales, expresadas sobre todo en el monopolio oligárquico sobre los espacios políticos, el predominio de las entidades castrenses y la ausencia de instituciones civiles relevantes y de mecanismos para el control social del poder, que impiden el ejercicio pleno de la democracia.
El pecado original de las repúblicas latinoamericanas y las deformaciones que impidieron e impiden todavía el ejercicio de la democracia, incluso en su versión liberal, fueron descritos por José Martí: “…Una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño…Una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España…”
En América Latina donde desde hace doscientos años existen republicas mas no democracias, el asunto de la reelección fue siempre un debate al interior de las oligarquías que al proscribirla trataba de evitar que algún caudillo, familia acaudalada o jefe militar, se eternizara en el poder en detrimento de otras facciones.
En los países europeos donde rigen los sistemas llamados parlamentarios y no existen presidentes o sus atribuciones están reguladas por las leyes y equilibradas por la vigencia real del resto de los poderes del Estado, el problema de la reelección no se plantea y los líderes de los partidos permanecen en el poder mientras sus organizaciones son votadas mayoritariamente. En las naciones del Caribe donde no hay presidentes, el problema de la reelección nunca ha existido.
Aunque en Latinoamérica, a lo largo de casi doscientos años el problema de la reelección ha sido conflictivo, el debate ocurrió siempre entre sectores de la oligarquía. Ahora, en la Venezuela bolivariana, por primera vez, el tema se airea y, promovido por el líder venezolano Hugo Chávez, la reelección se plantea como un complemento de la revolución en democracia y como un instrumento de las luchas populares contra la oligarquía.
En realidad los problemas de la democracia casi nunca son genéticos sino funcionales. El fondo del asunto no radica en quién gobierne ni cuántos años lo haga, sino en que, la vigencia de las instituciones, el respeto por las leyes y la calidad del liderazgo aseguren procesos realmente democráticos.
Chávez ha planteado el asunto dentro de las leyes, con respeto por la voluntad popular y concediendo todas las oportunidades a la oposición, que puede tratar de derrotarlo tres veces: una cuando la Asamblea debata el texto de la enmienda propuesta, dos cuando se someta a referéndum y tres en las elecciones presidenciales propiamente dicho. Oportunidades no faltan.
