José Pertierra
Un panel de tres jueces en Nueva Orleáns escuchó esta mañana argumentos orales sobre el proceso que la Fiscalía tiene entablado contra Luis Posada Carriles por mentiroso.
En vez de procesarlo por asesino o terrorista o extraditarlo a Venezuela por 73 cargos de homicidio calificado en la voladura de un avión de pasajeros, el Departamento de Justicia pretende simplemente acusarlo de haberle mentido a un oficial de Inmigración sobre su manera de ingresar a los Estados Unidos en el 2005. La evidencia dice que llegó a la Florida en una embarcación llamada el Santrina con la ayuda de cinco cómplices, y Posada insiste que ingresó en un camión desde Cancún por la frontera de Estados Unidos y México.
El Tribunal del Quinto Circuito de New Orleáns tiene jurisdicción sobre el caso de fraude inmigratorio contra Posada Carriles, porque es el tribunal que revisa las decisiones tomadas por la corte de primera instancia en Texas donde inicialmente se ventiló el proceso judicial.
La Jueza Kathleen Cardone, en el juicio inicial, desestimó los cargos de fraude inmigratorio contra Posada el 8 de mayo de 2007. La fiscalía apeló esa decisión al Quinto Circuito el 5 de junio de 2007.
Las bases de la apelación de la fiscalía son dos:
1. Que el tribunal de primera instancia indebidamente declaró que las declaraciones de Posada durante una entrevista de naturalización no pueden ser consideradas durante el proceso de fraude inmigratorio.
2. Que el tribunal de primera instancia se equivocó en concluir que la fiscalía engañó a Posada para que éste hiciera las supuestas declaraciones falsas.
Posada mintió durante su entrevista con los oficiales de Inmigración para proteger a los cómplices que lo ayudaron a venir ilegalmente a los Estados Unidos en el Santrina. No quería que sus cómplices pudieran ser acusados de tráfico de un terrorista indocumentado, porque ese delito conlleva más de 30 años de prisión. En vez de admitir que entró en el Santrina a los Estados Unidos, Posada dijo que había ingresado ilegalmente por la frontera con México. Hoy su abogada le dijo al Juez Higgenbotham que Posada entró, con la ayuda de un “coyote”, en un camión desde México. Como si fuera un trabajador agrícola que viene a cosechar alcachofas en California.
El principal cómplice que Posada quiere proteger es a Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Propietario de la embarcación Santrina, Álvarez es un terrorista que está preso con una leve sentencia por poseer un arsenal de armamentos en el sur de la Florida, incluyendo silenciadores, ametralladores y otras armas peligrosas. Ayudar a un terrorista ingresar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito serio que conlleva más de 30 años de prisión.
El mes pasado, Cuba presentó evidencias de que el Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA) en La Habana, ilegalmente, llevó dinero de la fundación de este terrorista a algunos supuestos disidentes en La Habana. Esto muestra, una vez más, la estrecha relación entre la Administración Bush y los terroristas cercanos a Luis Posada Carriles. Por eso, no nos asombran las tácticas dilatorias de la fiscalía en torno al caso de Luis Posada Carriles.
La conducta de la fiscalía durante el proceso inicial en Texas fue tan chapucera que la Jueza Cardone dijo que el gobierno había utilizado “tácticas de fraude, engaño, y trucos que son tan enormemente impactante e indignante que violan todo sentido de justicia universal”.
Lo curioso de todo este proceso es que la Fiscalía sigue insistiendo en mantener vivo el caso de fraude inmigratorio, y hoy volvió a insistir en la legitimad del caso. Al desestimar los cargos, la Jueza Cardone dijo que aunque el jurado lo condenara por haberle mentido a Inmigración, el tribunal tendría que liberarlo, ya que bajo las guías federales de sentencias el máximo plazo de prisión que Posada pudiese recibir está limitado a un año de prisión. Debido a que Posada ya ha estado preso por más de un año, Cardone dijo que tendría que liberarlo inmediatamente si fuese condenado por ese leve delito.
El interés principal de la fiscalía es demorar, demorar y demorar el caso lo más posible. De esa manera, puede utilizarlo como pretexto para no extraditar a Posada y permitir que el Departamento de Estado defienda la conducta de la Casa Blanca ante los foros internacionales que critican al Presidente Bush por no extraditar o enjuiciar a Posada Carriles.
La vista oral el día de hoy ocurrió en el Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleáns ante un panel de tres jueces: Leslie Southwick, Carolyn King y Errol Higginbotham. El Juez Southwick tiene 58 años y es de Texas. Fue nominado por el Presidente George W. Bush en el 2007, y el Congreso congeló el nombramiento por más de 10 meses debido a preocupaciones sobre el extremismo ideológico del juez.
De acuerdo con un editorial del New York Times del 5 de junio de 2007, el Juez Southwick tiene un historial contra los negros y otros grupos minoritarios en los Estados Unidos. (http://www.nytimes.com/2007/06/05/opinion/05tue1.html?_r=1&hp&oref=slogin)
El New York Times citó, como ejemplo, el caso en que el Juez Southwick falló a favor de un empleado que había sido despedido por haber llamado a otro empleado “a good ole nigger”. El Juez Southwick minimizó el impacto del insulto racista y concluyó que el empleador lo había despedido injustamente.
En su editorial, el periódico también criticó otra decisión del Juez Southwick en la cual el juez falló para quitarle la custodia de una hija a una madre bisexual, por el simple hecho de haber participado en una relación homosexual. Caracterizando al juez como un “extremista,” el New York Times exhortó al Senado a no ratificar la nominación. Sin embargo, el Senado confirmó al Juez Southwick para el Quinto Circuito en octubre de 2007.
La Jueza Carolyn King tiene 70 años, y es de Nueva York. Fue nominada al Tribunal de Quinto Circuito por el Presidente Jimmy Carter en 1979. De 1999 al 2006 fue Presidente del tribunal. Es graduada de la Facultad de Derecho de Yale.
El Juez Patrick Errol Higginbotham también tiene 70 años. Es del estado de Alabama. Fue nominado al Quinto Circuito por el Presidente Ronald Reagan en 1982.
Ambas partes disponían solo de 20 minutos para la vista oral para argumentar los puntos legales. La fiscalía argumentó que los problemas de la traducción de las declaraciones de Posada no eran tan dañinas como para que la Jueza Cardone justificara la desestimación de los cargos. La defensa de Posada replicó que el Juez de primera instancia no se equivocó y que Posada no mintió sobre su ruta de ingreso a los Estados Unidos. Dijo esto pese a la abrumadora evidencia de que Posada entró a los Estados Unidos en el Santrina, con la ayuda de Santiago Álvarez y otros cuatro cómplices.
El panel de tres jueces no tiene un plazo para tomar una decisión. Se tomará el tiempo que estime necesario. Cualquier decisión que tome el panel, puede ser apelada por la parte que pierda al tribunal en pleno (en banc). Si el pleno acepta la apelación, eso demoraría el caso aún más y más y más.
Mientras tanto, Posada Carriles goza de plena libertad en Miami e incluso el gobierno de los Estados Unidos le permite incitar a sus seguidores a la violencia, como hizo el pasado 2 de mayo en Miami cuando le pidió a una audiencia de 500 personas que afilaran los machetes para derrocar al gobierno cubano.
Los Estados Unidos no tienen fuerza moral para acusar a Venezuela de auspiciar el terrorismo. Mientras que el Presidente Chávez aboga por un acuerdo humanitario en Colombia que permitiría el cese de las hostilidades en ese país vecino y la liberación de los rehenes, los Estados Unidos protegen y cobijan al terrorista más tenebroso del continente, Luis Posada Carriles. Un asesino y torturador que admite abiertamente haber trabajado para la Agencia Central de Inteligencia precisamente durante los años que torturó y asesinó a cientos personas en este continente.
¿Cómo se explica el afán del gobierno de los Estados Unidos de proteger a este terrorista? ¿Será porque tiene influyentes amigos en la Casa Blanca?
Un panel de tres jueces en Nueva Orleáns escuchó esta mañana argumentos orales sobre el proceso que la Fiscalía tiene entablado contra Luis Posada Carriles por mentiroso.
En vez de procesarlo por asesino o terrorista o extraditarlo a Venezuela por 73 cargos de homicidio calificado en la voladura de un avión de pasajeros, el Departamento de Justicia pretende simplemente acusarlo de haberle mentido a un oficial de Inmigración sobre su manera de ingresar a los Estados Unidos en el 2005. La evidencia dice que llegó a la Florida en una embarcación llamada el Santrina con la ayuda de cinco cómplices, y Posada insiste que ingresó en un camión desde Cancún por la frontera de Estados Unidos y México.
El Tribunal del Quinto Circuito de New Orleáns tiene jurisdicción sobre el caso de fraude inmigratorio contra Posada Carriles, porque es el tribunal que revisa las decisiones tomadas por la corte de primera instancia en Texas donde inicialmente se ventiló el proceso judicial.
La Jueza Kathleen Cardone, en el juicio inicial, desestimó los cargos de fraude inmigratorio contra Posada el 8 de mayo de 2007. La fiscalía apeló esa decisión al Quinto Circuito el 5 de junio de 2007.
Las bases de la apelación de la fiscalía son dos:
1. Que el tribunal de primera instancia indebidamente declaró que las declaraciones de Posada durante una entrevista de naturalización no pueden ser consideradas durante el proceso de fraude inmigratorio.
2. Que el tribunal de primera instancia se equivocó en concluir que la fiscalía engañó a Posada para que éste hiciera las supuestas declaraciones falsas.
Posada mintió durante su entrevista con los oficiales de Inmigración para proteger a los cómplices que lo ayudaron a venir ilegalmente a los Estados Unidos en el Santrina. No quería que sus cómplices pudieran ser acusados de tráfico de un terrorista indocumentado, porque ese delito conlleva más de 30 años de prisión. En vez de admitir que entró en el Santrina a los Estados Unidos, Posada dijo que había ingresado ilegalmente por la frontera con México. Hoy su abogada le dijo al Juez Higgenbotham que Posada entró, con la ayuda de un “coyote”, en un camión desde México. Como si fuera un trabajador agrícola que viene a cosechar alcachofas en California.
El principal cómplice que Posada quiere proteger es a Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Propietario de la embarcación Santrina, Álvarez es un terrorista que está preso con una leve sentencia por poseer un arsenal de armamentos en el sur de la Florida, incluyendo silenciadores, ametralladores y otras armas peligrosas. Ayudar a un terrorista ingresar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito serio que conlleva más de 30 años de prisión.
El mes pasado, Cuba presentó evidencias de que el Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA) en La Habana, ilegalmente, llevó dinero de la fundación de este terrorista a algunos supuestos disidentes en La Habana. Esto muestra, una vez más, la estrecha relación entre la Administración Bush y los terroristas cercanos a Luis Posada Carriles. Por eso, no nos asombran las tácticas dilatorias de la fiscalía en torno al caso de Luis Posada Carriles.
La conducta de la fiscalía durante el proceso inicial en Texas fue tan chapucera que la Jueza Cardone dijo que el gobierno había utilizado “tácticas de fraude, engaño, y trucos que son tan enormemente impactante e indignante que violan todo sentido de justicia universal”.
Lo curioso de todo este proceso es que la Fiscalía sigue insistiendo en mantener vivo el caso de fraude inmigratorio, y hoy volvió a insistir en la legitimad del caso. Al desestimar los cargos, la Jueza Cardone dijo que aunque el jurado lo condenara por haberle mentido a Inmigración, el tribunal tendría que liberarlo, ya que bajo las guías federales de sentencias el máximo plazo de prisión que Posada pudiese recibir está limitado a un año de prisión. Debido a que Posada ya ha estado preso por más de un año, Cardone dijo que tendría que liberarlo inmediatamente si fuese condenado por ese leve delito.
El interés principal de la fiscalía es demorar, demorar y demorar el caso lo más posible. De esa manera, puede utilizarlo como pretexto para no extraditar a Posada y permitir que el Departamento de Estado defienda la conducta de la Casa Blanca ante los foros internacionales que critican al Presidente Bush por no extraditar o enjuiciar a Posada Carriles.
La vista oral el día de hoy ocurrió en el Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleáns ante un panel de tres jueces: Leslie Southwick, Carolyn King y Errol Higginbotham. El Juez Southwick tiene 58 años y es de Texas. Fue nominado por el Presidente George W. Bush en el 2007, y el Congreso congeló el nombramiento por más de 10 meses debido a preocupaciones sobre el extremismo ideológico del juez.
De acuerdo con un editorial del New York Times del 5 de junio de 2007, el Juez Southwick tiene un historial contra los negros y otros grupos minoritarios en los Estados Unidos. (http://www.nytimes.com/2007/06/05/opinion/05tue1.html?_r=1&hp&oref=slogin)
El New York Times citó, como ejemplo, el caso en que el Juez Southwick falló a favor de un empleado que había sido despedido por haber llamado a otro empleado “a good ole nigger”. El Juez Southwick minimizó el impacto del insulto racista y concluyó que el empleador lo había despedido injustamente.
En su editorial, el periódico también criticó otra decisión del Juez Southwick en la cual el juez falló para quitarle la custodia de una hija a una madre bisexual, por el simple hecho de haber participado en una relación homosexual. Caracterizando al juez como un “extremista,” el New York Times exhortó al Senado a no ratificar la nominación. Sin embargo, el Senado confirmó al Juez Southwick para el Quinto Circuito en octubre de 2007.
La Jueza Carolyn King tiene 70 años, y es de Nueva York. Fue nominada al Tribunal de Quinto Circuito por el Presidente Jimmy Carter en 1979. De 1999 al 2006 fue Presidente del tribunal. Es graduada de la Facultad de Derecho de Yale.
El Juez Patrick Errol Higginbotham también tiene 70 años. Es del estado de Alabama. Fue nominado al Quinto Circuito por el Presidente Ronald Reagan en 1982.
Ambas partes disponían solo de 20 minutos para la vista oral para argumentar los puntos legales. La fiscalía argumentó que los problemas de la traducción de las declaraciones de Posada no eran tan dañinas como para que la Jueza Cardone justificara la desestimación de los cargos. La defensa de Posada replicó que el Juez de primera instancia no se equivocó y que Posada no mintió sobre su ruta de ingreso a los Estados Unidos. Dijo esto pese a la abrumadora evidencia de que Posada entró a los Estados Unidos en el Santrina, con la ayuda de Santiago Álvarez y otros cuatro cómplices.
El panel de tres jueces no tiene un plazo para tomar una decisión. Se tomará el tiempo que estime necesario. Cualquier decisión que tome el panel, puede ser apelada por la parte que pierda al tribunal en pleno (en banc). Si el pleno acepta la apelación, eso demoraría el caso aún más y más y más.
Mientras tanto, Posada Carriles goza de plena libertad en Miami e incluso el gobierno de los Estados Unidos le permite incitar a sus seguidores a la violencia, como hizo el pasado 2 de mayo en Miami cuando le pidió a una audiencia de 500 personas que afilaran los machetes para derrocar al gobierno cubano.
Los Estados Unidos no tienen fuerza moral para acusar a Venezuela de auspiciar el terrorismo. Mientras que el Presidente Chávez aboga por un acuerdo humanitario en Colombia que permitiría el cese de las hostilidades en ese país vecino y la liberación de los rehenes, los Estados Unidos protegen y cobijan al terrorista más tenebroso del continente, Luis Posada Carriles. Un asesino y torturador que admite abiertamente haber trabajado para la Agencia Central de Inteligencia precisamente durante los años que torturó y asesinó a cientos personas en este continente.
¿Cómo se explica el afán del gobierno de los Estados Unidos de proteger a este terrorista? ¿Será porque tiene influyentes amigos en la Casa Blanca?
