Jorge Gómez Barata
Indiferentes ante los problemas reales que empujan a los emigrantes y de modo frívolo, sin considerar que se trata de seres humanos en situaciones de extrema vulnerabilidad, Estados Unidos y Europa tensan la cuerda y, a la vez que utilizan a los emigrantes, los humillan y los persiguen impunemente. Tal vez esa situación ha comenzado a cambiar, entre otras cosas porque también para el abuso hay límites.
En Europa viven unos 900 millones de personas, entre ellos unos ocho millones de emigrantes, considerados ilegales de cuales los gobiernos han decidido prescindir por medio de la captura, el internamiento hasta por 18 meses y finalmente la expulsión; todo de modo extrajudicial.
Me gustaría recordar que fue el fascismo quien introdujo en la Europa del siglo XX los procedimientos judiciales “administrativos”, un estado de cosas en el que los gobiernos suplantan a los parlamentos y la policía a los jueces. Semejante situación equivale a un perenne “estado de emergencia”, sin garantías individuales. Exactamente esa es la situación creada en torno a los emigrantes indocumentados.
El Decreto o Directiva de Retorno aprobado por el Parlamento Europeo retrotrae el ambiente jurídico respecto a los extranjeros indocumentados a etapas superadas, cuando durante la ocupación nazi las personas podían ser arrestadas y encerradas sin formarles causa, sin asistencia jurídica, sin derecho a juicio. En ese ambiente las personas son condenadas por burócratas, sin derecho alguno a reclamar y ser nunca escuchas por un juez debidamente habilitado.
Asesorados por mentes jurídicas torcidas, los diputados de la derecha europea dispusieron que la medida acordada tuviera carácter administrativo, entre otras cosas porque difícilmente sea posible encontrar en Europa un juez dispuesto a prevaricar de modo tan burdo. En ninguno de los países del Viejo Continente existen leyes que permitan encerrar a personas sin acusarlas formalmente ni se conocen allí los delitos colectivos. Ningún magistrado encarcelaría a un lactante ni entregaría menores a extranjeros que no sean sus familiares.
La Directiva de Retorno no es una ley, sino todo lo contrario. Se trata de una solución extrajudicial, una disposición autoritaria que además de ser humillante y arbitraria, por contravenir las constituciones y los códigos penales de la mayoría de los países, probablemente resulte impracticable.
No se trata ahora de un debate de política interna en el cual Europa pueda escudarse aludiendo a su soberanía, sino de un diferendo internacional que implica a personas de diversos países, involucra a un centenar de estados, alude a convenciones y compromisos internacionales, en materia de derechos humanos, protección de las minorías, la infancia y de derechos adquiridos.
Varios jefes de estados y líderes de la sociedad civil de países latinoamericanos han criticado la medida y protestado por ella aunque, lo más importante es que, por primera vez, aparece la posibilidad de acciones concertadas y eficaces para confrontar la arbitrariedad y el maltrato, presentando un frente común en el terreno de la ley y de los derechos, que es donde la Europa real mejor se reconoce.
Ante la pregunta de: ¿QUÉ HACER?, la inteligencia y la capacidad de elaboración colectiva y no la ira y la impotencia, comienzan a formular respuestas.
Ya se abre paso la idea de crear un ente suficientemente solvente que, nutrido con fondos públicos y donaciones privadas operando con total transparencia en Europa y los Estados Unidos, mediante la contratación de abogados competentes, no sólo latinoamericanos sino también europeos y norteamericanos, preste asistencia jurídica a los emigrantes y haga frente a las arbitrariedades contra ellos a partir de la legislación de cada país y de los compromisos internacionales contraídos por los estados. En el pasado, aun sin los recursos necesarios, algunos bufetes han obtenido excelentes resultados.
En el nivel político varios presidentes latinoamericanos están de acuerdo en que los contactos diseñados para concertar acciones de cooperación, tales como cumbres iberoamericanas, encuentros conjuntos y otros eventos, carecen de sentido cuando, ante asuntos tan delicados y acciones de semejante envergadura, las administraciones europeas ignoran a los estados implicados y actúan unilateralmente.
Falta además agotar los esfuerzos para sumar a los países afroasiáticos y a entidades tercermundistas que de ninguna manera podrían permanecer indiferentes, el Movimiento no Alineado, el Grupo de los 77 y la OPEC entre ellas.
Otra vez Europa apuesta a avasallar a personas pobres, infelices y desprotegidas y con fría crueldad, intenta avanzar hacía una “solución final” como si en la escena no hubiera ahora gobernantes dispuesto a luchar por sus nacionales y pueblos listos para respaldarlos.
Los que creen que Chávez exagera al aludir a los suministros de petróleo, se equivocan, se trata apenas de un anticipo de lo que puede ocurrir. La batalla por la segunda independencia se libra en más de un terreno y Europa, habituada a dar lecciones de derechos humanos, debería ahora prepararse para recibirlas.
Indiferentes ante los problemas reales que empujan a los emigrantes y de modo frívolo, sin considerar que se trata de seres humanos en situaciones de extrema vulnerabilidad, Estados Unidos y Europa tensan la cuerda y, a la vez que utilizan a los emigrantes, los humillan y los persiguen impunemente. Tal vez esa situación ha comenzado a cambiar, entre otras cosas porque también para el abuso hay límites.
En Europa viven unos 900 millones de personas, entre ellos unos ocho millones de emigrantes, considerados ilegales de cuales los gobiernos han decidido prescindir por medio de la captura, el internamiento hasta por 18 meses y finalmente la expulsión; todo de modo extrajudicial.
Me gustaría recordar que fue el fascismo quien introdujo en la Europa del siglo XX los procedimientos judiciales “administrativos”, un estado de cosas en el que los gobiernos suplantan a los parlamentos y la policía a los jueces. Semejante situación equivale a un perenne “estado de emergencia”, sin garantías individuales. Exactamente esa es la situación creada en torno a los emigrantes indocumentados.
El Decreto o Directiva de Retorno aprobado por el Parlamento Europeo retrotrae el ambiente jurídico respecto a los extranjeros indocumentados a etapas superadas, cuando durante la ocupación nazi las personas podían ser arrestadas y encerradas sin formarles causa, sin asistencia jurídica, sin derecho a juicio. En ese ambiente las personas son condenadas por burócratas, sin derecho alguno a reclamar y ser nunca escuchas por un juez debidamente habilitado.
Asesorados por mentes jurídicas torcidas, los diputados de la derecha europea dispusieron que la medida acordada tuviera carácter administrativo, entre otras cosas porque difícilmente sea posible encontrar en Europa un juez dispuesto a prevaricar de modo tan burdo. En ninguno de los países del Viejo Continente existen leyes que permitan encerrar a personas sin acusarlas formalmente ni se conocen allí los delitos colectivos. Ningún magistrado encarcelaría a un lactante ni entregaría menores a extranjeros que no sean sus familiares.
La Directiva de Retorno no es una ley, sino todo lo contrario. Se trata de una solución extrajudicial, una disposición autoritaria que además de ser humillante y arbitraria, por contravenir las constituciones y los códigos penales de la mayoría de los países, probablemente resulte impracticable.
No se trata ahora de un debate de política interna en el cual Europa pueda escudarse aludiendo a su soberanía, sino de un diferendo internacional que implica a personas de diversos países, involucra a un centenar de estados, alude a convenciones y compromisos internacionales, en materia de derechos humanos, protección de las minorías, la infancia y de derechos adquiridos.
Varios jefes de estados y líderes de la sociedad civil de países latinoamericanos han criticado la medida y protestado por ella aunque, lo más importante es que, por primera vez, aparece la posibilidad de acciones concertadas y eficaces para confrontar la arbitrariedad y el maltrato, presentando un frente común en el terreno de la ley y de los derechos, que es donde la Europa real mejor se reconoce.
Ante la pregunta de: ¿QUÉ HACER?, la inteligencia y la capacidad de elaboración colectiva y no la ira y la impotencia, comienzan a formular respuestas.
Ya se abre paso la idea de crear un ente suficientemente solvente que, nutrido con fondos públicos y donaciones privadas operando con total transparencia en Europa y los Estados Unidos, mediante la contratación de abogados competentes, no sólo latinoamericanos sino también europeos y norteamericanos, preste asistencia jurídica a los emigrantes y haga frente a las arbitrariedades contra ellos a partir de la legislación de cada país y de los compromisos internacionales contraídos por los estados. En el pasado, aun sin los recursos necesarios, algunos bufetes han obtenido excelentes resultados.
En el nivel político varios presidentes latinoamericanos están de acuerdo en que los contactos diseñados para concertar acciones de cooperación, tales como cumbres iberoamericanas, encuentros conjuntos y otros eventos, carecen de sentido cuando, ante asuntos tan delicados y acciones de semejante envergadura, las administraciones europeas ignoran a los estados implicados y actúan unilateralmente.
Falta además agotar los esfuerzos para sumar a los países afroasiáticos y a entidades tercermundistas que de ninguna manera podrían permanecer indiferentes, el Movimiento no Alineado, el Grupo de los 77 y la OPEC entre ellas.
Otra vez Europa apuesta a avasallar a personas pobres, infelices y desprotegidas y con fría crueldad, intenta avanzar hacía una “solución final” como si en la escena no hubiera ahora gobernantes dispuesto a luchar por sus nacionales y pueblos listos para respaldarlos.
Los que creen que Chávez exagera al aludir a los suministros de petróleo, se equivocan, se trata apenas de un anticipo de lo que puede ocurrir. La batalla por la segunda independencia se libra en más de un terreno y Europa, habituada a dar lecciones de derechos humanos, debería ahora prepararse para recibirlas.
